Desde 1994, la Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional en nuestro país. El derecho a la educación no se discute, se garantiza, y es nuestro deber como adultos denunciar su incumplimiento.
La obligatoriedad de la educación incrementa las libertades individuales, distribuye oportunidades y cristaliza el compromiso social respecto a las generaciones venideras.
Pensar un futuro mejor es con todos los chicos, todos los días, en todas las escuelas.
