Padres Organizandos: Presentación en Diputados por violación de derechos humanos en la gestión de la pandemia

Presentación en la Comisión de DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS de la Cámara de Diputados de la Nación por los casos de de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la gestión de la Pandemia de COVID-19

En abril de 2020 a mi hija de 4 años la empezamos a notar triste y desganada. Un día nos contó que extrañaba el río. Con la desesperación creciente de padres que ven caer a sus hijos, la llevamos a una playa desértica, estacionamos la camioneta frente al río y nos sentamos a mirar el paisaje con las ventanillas bajas para escuchar el agua. Tres minutos después, dos vehículos de prefectura y alrededor de 8 oficiales nos rodearon, nos  hicieron bajar, nos cacharon, sacaron fotos de frente y perfil y tomaron los datos del vehículo. Nos custodiaron en la vuelta a nuestra casa. 

“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños,” sostenía Mandela. En 2020 en Argentina, se liberaron presos mientras se encerraba a los chicos. 

Nuestro país tuvo la oportunidad  única de que el diario del lunes llegara con meses de anticipación, Lo sabía el ministro Trotta que en abril del 2020 se reunió con funcionarios de países que retornaban a la presencialidad, lo sabía el mundo científico en mayo de 2020 cuando la agencia ScienCi publica los datos que muestran que las escuelas no impactaban en la curva de contagio. Lo sabíamos los padres que solo contábamos con una computadora y un teléfono para defender a nuestros hijos. 

El tiempo se detuvo y no en un buen lugar, nos dijo Julián, que en 2020 debía iniciar sus estudios universitarios. Un chico feliz que en vez de iniciar su carrera inició tratamiento psiquiátrico junto al 30% de los adolescentes que mostraron síntomas de depresión, el 20% de ansiedad, o un incremento del 120% de los desórdenes alimenticios según estudios que investigaron  cuarentenas mucho más cortas. Datos  del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, sostienen que las personas más jóvenes presentaron mayor severidad de sintomatología inespecífica, ansiosa, depresiva y riesgo suicida. Nuestras redes se llenaron de historias de familias desesperadas. Volvieron los terrores nocturnos y la pérdida de autonomía, aparecieron  la apatía, las fobias y el aislamiento. 

Extraño a mis amiguitos nos dijo Amparo, mientras gobierno y sindicatos sostenían que clases hubo, en un país donde el 50% de los chicos no tenían acceso a la virtualidad, donde familias de 4  hijos compartían un único celular para hacer la tarea o elegían entre comer o comprar datos. La ministra Cantero de Santa Fe reconoció que la virtualidad alcanzó solo al 10% de la población estudiantil. El actual gobernador Kicillof anunció que no se evaluaría a los chicos en virtualidad, quitando el último estímulo para mantener alguna conexión con el mundo educativo.

En Catamarca, Aurora empezó sala de 4 en el año 2020. Tuvo solo dos semanas de presencialidad antes de que se decretara el cierre de escuelas. En  sala de  5 volvió a la escuela recién el 26 de  julio de 2021 con presencialidad restringida, 3 burbujas por grado. Fue a la escuela 5 semanas en todo el año. En primer grado asistió a clases con barbijos. En segundo grado perdió alrededor de 20 días de clases por los paros. Hoy está en tercer grado, aún no puede leer. 

Brecha educativa, pérdida de aprendizajes… nada, puede dar una real dimensión de lo acontecido, de lo que vivieron y viven niños y jóvenes a causa de la gestión de la pandemia a cargo del ex presidente Fernandez. “Nuestros niños y jóvenes todavía enfrentan una crisis de salud mental causada por la pandemia…he visto el efecto devastador que el cierre de escuelas, la interrupción de la vida social y la incertidumbre sobre el futuro han tenido en su salud mental”, menciona la psiquiatra L. Sutherland en una nota difundida sobre la consecuencia de la pandemia en jóvenes escoceses hace un par de días atrás.

No podemos aún hoy conocer plenamente la magnitud del impacto de lo acontecido, en un país sin datos que usa la falta de información como manto de olvido e impunidad. No ha habido desde los organismos del estado, desde los sindicatos y las organizaciones médicas una sola evaluación de lo actuado, una sola autocrítica de lo acontecido para no repetir errores pero si  tuvimos que sufrir la persecución con causas penales a familias de la ciudad de Sastre, Santa Fe, que pedían que abrieran las escuelas.

La impunidad se maneja de formas sutiles, como en el caso del ex presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, Martín Muller, principal responsable del cierre de escuelas en esa provincia. Hoy se desempeña como funcionario nacional en la secretaría de educación. Demasiado olvido, demasiado perdón

Esta intervención no es una intervención desde el enojo. 

Ya nos enojamos en cada reunión con funcionarios nacionales, provinciales y municipales que con cara de preocupación nos decían que había que quedarse en casa, sin mostrarnos una sola evidencia científica que avalara el cierre de escuelas.

Cuando el INADI habilitaba líneas para denunciar escuelas abiertas o  la presidenta de la bicameral de educación nacional Rosario Romero nos decía en febrero de 2021 que no iba a ser cómplice de la muerte de menores por ir a clases sin poder nombrar un solo estudio que avalara su obediencia debida.

Ya nos frustramos con el “nos cuidamos entre todos” mientras abrían casinos y salas de juego, pero las escuelas seguían cerradas y las plazas y parques encintados.

Ya nos angustiamos por no poder mantener a salvo a nuestros hijos del capricho de gobernantes de turno que los abandonaron a su suerte sólo porque podían hacerlo. 

Esta intervención es un grito decidido contra la impunidad. Incumplir los deberes de funcionario público, implementar medidas irracionales y cometer abuso de autoridad no puede ser gratis. 

Es por ello, señores legisladores que les solicitamos en pleno ejercicio de sus funciones, la destitución de la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes Marisa Graham, quien en 2021 reconoció haber incumplido sus funciones para no interferir en acuerdos políticos, dejando a millones de NNyA a quienes debía  proteger, librados a su suerte. ¿O acaso, teniendo la potestad de litigar en todo el territorio nacional, ustedes conocen alguna acción concreta que haya realizado durante la gestión de la pandemia para cuidar la salud integral y el efectivo acceso a la educación de nuestros chicos? No lo hizo. Ni una sola vez. 

El derecho a la educación está consagrado en nuestra constitución nacional y es imperioso que los funcionarios no sigan  gozando de impunidad. Cerrar las escuelas no puede no tener costos. Usar a NNyA como rehenes de disputas políticas como en pandemia o sindicales como las actuales no puede ser tolerable en un país donde la mitad de los chicos termina su escolaridad obligatoria sin entender lo que leen o sin poder hacer una regla de tres simple.

No hace falta que le expliquemos al Congreso de la Nación que un derecho es tal, si y solo sí hay efectivo ejercicio a ese derecho en acceso y calidad. Y que los niños son  los titulares absolutos del derecho a educarse, siendo obligación del Estado a través de cada uno de sus poderes, garantizar esos derechos. 

A los Padres Organizados nos tocó poner en palabras y agenda a la escuela y a los NNyA como sujetos de derechos, ahora es vuestro turno velar por que los niños nunca más sean considerados ciudadanos sin derechos como política de estado.

Que repetir la historia no sea el destino irremediable de nuestro país, sólo hace falta dar un paso hacia el sentido contrario. Y ese paso es ahora.  Y es con todos los chicos, todos los días, en todas las escuelas.